Un grupo de 30 congresistas colombianos, pertenecientes al Pacto Histórico, Partido de la U, Partido Comunes y Alianza Verde, ha solicitado formalmente al Comité de Ética del Congreso de los Estados Unidos que investigue y sancione a tres congresistas republicanos por su presunta participación en un plan de desestabilización institucional contra el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los legisladores señalados son María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, todos de origen cubano-americano y reconocidos por su militancia en el sector más radical del Partido Republicano.
El historial de estos tres congresistas estadounidenses incluye frecuentes ataques discursivos contra gobiernos progresistas de América Latina, a quienes tildan de “comunistas” y “amenazas hemisféricas”.
Según los denunciantes, estos legisladores han utilizado su influencia en Washington para promover una narrativa de caos institucional en Colombia, debilitando la relación bilateral y alimentando discursos que legitiman un intento de golpe blando contra el presidente Petro.
Audios sugieren un plan golpista internacional
La denuncia llega tras la filtración de audios atribuidos al excanciller colombiano Álvaro Leyva, quien en conversaciones grabadas admite haber buscado apoyo político en Estados Unidos para forzar la salida anticipada de Gustavo Petro del poder.
El diario El País de España reveló el 29 de junio de 2025 que Leyva se reunió con asesores cercanos a Donald Trump, con el objetivo de obtener respaldo para “tumbar” a Petro y colocar en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez.
En los audios, Leyva menciona explícitamente a Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez como figuras clave para impulsar la ofensiva internacional.
Además, propuso un “gran acuerdo nacional” que incluiría incluso a fuerzas ilegales como el ELN y el Clan del Golfo, para ejecutar la destitución presidencial en un plazo de “20 días”.
Leyva también menciona a la periodista Vicky Dávila y al precandidato Miguel Uribe como posibles aliados mediáticos y políticos del plan.
El presidente Petro calificó las revelaciones como un “acto de venganza bárbaro y canalla” y acusó a Leyva de conspirar contra él tras ser apartado del gabinete en noviembre de 2024.
Por su parte, la Fiscalía General de Colombia ha abierto una investigación por los delitos de conspiración y traición a la patria.
Aunque Leyva afirma que sus palabras fueron sacadas de contexto, los audios han detonado un escándalo político de escala internacional, al revelar una presunta red de injerencia articulada desde Washington.
Vínculos con Honduras: una advertencia latente
Este escándalo también tiene implicaciones en Honduras, donde los mismos congresistas republicanos acusados han mantenido vínculos estrechos con sectores de la oposición hondureña.
María Elvira Salazar y Carlos Giménez han sostenido múltiples reuniones con dirigentes del Partido Nacional y del Partido Liberal, promoviendo una agenda de confrontación contra el gobierno de Xiomara Castro, bajo los mismos argumentos utilizados contra Petro: comunismo, autoritarismo y fraude.
Líderes opositores hondureños han viajado a EE. UU. en repetidas ocasiones, donde han participado en reuniones privadas, foros conservadores y encuentros con legisladores republicanos.
Estas giras se han traducido en acciones de presión internacional contra el gobierno hondureño, utilizando como justificación supuestas violaciones democráticas sin sustento objetivo.
Conclusión del autor
En Honduras, la oposición ha adoptado las narrativas de “lucha por la libertad” y “rescate de la democracia”. Al igual que en Colombia, se busca crear un ambiente de deslegitimación institucional desde dentro, con respaldo desde fuera.
El caso colombiano no debe verse como un hecho aislado. Forma parte de un patrón creciente de injerencia política por parte de congresistas republicanos estadounidenses, en coordinación con élites conservadoras locales que no han podido volver al poder por la vía electoral.
Hoy no se usan tanques ni soldados: se usa lobby, financiamiento y propaganda. Y mientras estas operaciones avancen sin consecuencias, las democracias de América Latina seguirán en riesgo.
