Este día, el gobierno de Donald Trump anunció oficialmente la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos hondureños, decisión que entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Registro Federal.
La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la medida afirmando que “Honduras ya no cumple con las condiciones necesarias para el TPS”, aludiendo a que el país ya superó los efectos del huracán Mitch, ocurrido hace casi 27 años.
En el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Noem subrayó que el TPS fue diseñado como una medida temporal y aseguró que “los hondureños pueden regresar a casa de forma segura”, al tiempo que elogió la cooperación del gobierno hondureño con la administración Trump.
Sin embargo, detrás de esta narrativa diplomática se esconde una política migratoria profundamente hostil. La administración Trump —en su segundo mandato— ha retomado su agenda antiinmigrante, por lo que el fin del TPS para Honduras no ha sido una sorpresa.
Lo que sí ha generado suspicacia es el contexto político que rodea esta cancelación.
En los últimos meses, varios políticos hondureños del Partido Nacional y del Partido Liberal han viajado a Estados Unidos para reunirse con congresistas republicanos, particularmente figuras de la ultraderecha como María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
Entre los asistentes a esas reuniones figuran el candidato presidencial Salvador Nasralla, la diputada nacionalista María Antonieta Mejía, el aspirante liberal Rashid Mejía y el dirigente nacionalista Kilvett Bertrand.
Estas visitas han coincidido con un ambiente electoral cada vez más polarizado en Honduras, donde la oposición conservadora busca a toda costa evitar que el Partido Libre, de orientación progresista, se mantenga en el poder.
Ante ello, no faltan voces que especulan que estas figuras políticas incluso podrían haber solicitado presiones o sanciones contra el país, en un intento desesperado por debilitar al gobierno actual y reposicionarse electoralmente.
Paradójicamente, tras conocerse la cancelación del TPS, esos mismos políticos han intentado capitalizar la tragedia, responsabilizando al gobierno de Xiomara Castro.
El periodista Héctor Silva Ávalos, colaborador de reconocidos medios internacionales como InSightCrime e Infobae, fue directo al señalar lo que muchos piensan.
Silva Ávalos sostiene que el anuncio del gobierno de Trump responde no solo a su carácter abiertamente antiinmigrante, sino también a presiones del lobby republicano más radical.
“En la decisión de la Casa Blanca de no renovar el TPS a los hondureños pesan dos cosas: 1. El rasgo antiinmigrante y xenófobo de Trump, 2. El lobby de congresistas republicanos de ultraderecha. Las otras explicaciones son bulos de los políticos hondureños en tiempo electoral”, afirmó el periodista internacional.