Paula Restrepo, expareja sentimental del paramilitar y narcotraficante colombiano Carlos Castaño Gil —fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)— rompió el silencio en una reciente entrevista para revelar cómo logró salir del sistema penitenciario hondureño sin cumplir su condena completa, gracias a reformas legales que, según ella, fueron impulsadas por el expresidente Juan Orlando Hernández para beneficiarse a sí mismo.
Restrepo fue capturada el 26 de mayo de 2010 en un aeropuerto de Honduras mientras transportaba cerca de medio millón de dólares en efectivo. Fue condenada a 15 años de prisión por lavado de activos y recluida en el Centro Penal de San Pedro Sula, una de las cárceles más violentas de América Latina, donde convivió con pandilleros de la MS-13 y la 18, sicarios y narcotraficantes. Solo cumplió alrededor de 10 años.
Su salida, semanas antes del inicio de la pandemia, no fue fortuita. “Alcancé a salir porque el presidente Juan Orlando Hernández, que se había reelegido ilegalmente, ya sabía lo que se le venía encima: una cárcel en los Estados Unidos”, explicó.
Según su relato, JOH actuó con deliberada anticipación: “El tipo era un reconocido narcotraficante y ya todo mundo estaba enterado, en especial las autoridades de los Estados Unidos. Agarró y cambió el Código Penal hondureño a su favor, no pensando en mí ni en nadie más. Empezó a rebajar las penas por narcotráfico y lavado de activos porque ya sabía lo que se le venía encima”.
Restrepo también vincula esas decisiones con la extradición de su hermano: “Ya habían extraditado a Tony Hernández, acusado de narcotráfico, y le metieron tres cadenas perpetuas. Entonces, con lo que hizo —cambiar el Código Penal—, a todos los que estábamos acusados de narcotráfico o lavado de activos nos sacó de la cárcel”.
Las reformas al Código Penal, impulsadas por la bancada del Partido Nacional entre 2018 y 2020, redujeron penas y ampliaron beneficios penitenciarios para condenados por lavado de activos y narcotráfico.
Figuras clave de ese período —que hoy mantienen posiciones de poder— incluyen al actual presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y al diputado Antonio Rivera Callejas, ambos integrantes de la junta directiva que avaló esas reformas, denunciadas por organismos anticorrupción como un “pacto de impunidad”.