La audiencia titulada “Democracia en Peligro: la Lucha por Elecciones Libres en Honduras” terminó convirtiéndose en un rotundo fracaso para la oposición hondureña, que había apostado fuerte por este evento en la antesala de las elecciones generales.
La expectativa era tan alta que varios de sus líderes —incluido el candidato presidencial Salvador Nasralla— suspendieron actividades de campaña para viajar a Washington y asistir al encuentro.
El momento más delicado surgió cuando el congresista Joaquín Castro expuso posibles conflictos de interés del exembajador Carlos Trujillo, quien testificaba como principal testigo ante el Subcomité del Hemisferio Occidental, presidido por la congresista María Elvira Salazar.
Aunque Trujillo fue presentado como un experto independiente en temas democráticos, rápidamente quedó en evidencia que su firma de cabildeo, Continental Strategy, había recibido cientos de miles de dólares por representar intereses privados hondureños.
Castro lo interpeló directamente, y Trujillo admitió en plena audiencia haber trabajado para la ZEDE Próspera y para al menos dos bancos hondureños. Aunque aseguró no haber coordinado su testimonio con estos actores, la revelación comprometió de manera significativa su supuesta imparcialidad.
Según los registros públicos del Congreso estadounidense bajo la Ley de Divulgación de Cabildeo (LDA), Continental Strategy recibió al menos:
- $105,000 de Honduras Próspera Inc. entre octubre de 2024 y junio de 2025,
- $120,000 de Grupo Financiero Ficohsa en el tercer trimestre de 2025,
- $414,516 de Atlántida Global Services Inc. (filial de Banco Atlántida) durante los primeros tres trimestres de 2025.
En total, Trujillo obtuvo $640,000 por representar a estos intereses privados hondureños en Washington, al mismo tiempo que intervenía públicamente como una voz crítica del gobierno de Xiomara Castro.
Los registros señalan que el trabajo de lobby incluyó asuntos financieros, regulatorios y de promoción de inversión. Sin embargo, la coincidencia entre estos contratos y la participación activa de Trujillo en discusiones políticas sobre Honduras ha generado señalamientos sobre una posible injerencia indirecta de grupos empresariales hondureños en la política exterior estadounidense.
Debe resaltarse que Trujillo fue contratado por la ZEDE Próspera en un momento de alta tensión con el gobierno hondureño, tras la derogación del régimen que permitía su existencia. La demanda internacional presentada por Próspera contra Honduras coincidió con las gestiones de lobby realizadas en Washington para proyectar una narrativa favorable al proyecto.
Los formularios de cabildeo muestran actividades de índole político-económica general, como “proteger inversiones estadounidenses en Honduras”, “promover la imagen de Próspera”, contrarrestar desinformación e informar a comités del Congreso sobre el proyecto.
También incluyen la facilitación de reuniones con legisladores sobre temas directamente relacionados con el futuro de las ZEDEs.
Tras revelarse los vínculos financieros del testigo principal, la ofensiva mediática impulsada por la oposición perdió fuerza, y quedó en evidencia la falta de independencia de quienes buscaban influir en la narrativa internacional contra el gobierno.
La audiencia formaba parte de una serie de esfuerzos legislativos en Washington orientados a evaluar posibles sanciones y condicionamientos en la relación bilateral con Honduras. Sin embargo, la exposición de los vínculos económicos de Trujillo debilitó notablemente el impacto de su testimonio y reforzó la percepción de que sectores poderosos en Honduras están financiando cabildeo para intentar moldear la posición estadounidense sobre la situación política del país.
Documentos de Ficohsa (Registro e informe trimestral):
Documentos de Banco Atlántida (Registro y tres informes trimestrales):
Documentos de Próspera (Registro y tres informes trimestrales):
