El domingo, la Policía de Córdoba (Argentina) capturó al uruguayo Pablo Laurta, acusado del doble feminicidio de Luna Giardina (26) —su expareja— y Mariel Zamudio (54) —madre de la víctima—, además del secuestro de su hijo de 5 años. Fue detenido cuando intentaba huir hacia Uruguay.
Medios argentinos y uruguayos lo identifican como fundador de “Varones Unidos”, un movimiento ultraderechista que desde hace años difunde campañas contra el feminismo y la igualdad de género.
La agrupación “Varones Unidos” niega la violencia machista, acusa al feminismo de “odio a los hombres” y sostiene una narrativa basada en supuestas “denuncias falsas”. En redes sociales, el grupo desplegó una campaña sistemática de hostigamiento hacia activistas, periodistas y políticas feministas.
Registros periodísticos muestran a Laurta como aliado ideológico y organizador de eventos para el conferencista y escritor de ultraderecha Agustín Laje, figura central del discurso denominado “batalla cultural”.
En 2018, Laurta fue anfitrión de un evento en Uruguay donde Laje presentó su libro, confirmando una proximidad política y doctrinal entre ambos.
El caso cobra relevancia en Honduras, donde Agustín Laje visitó Tegucigalpa en septiembre de 2025, invitado por colectivos conservadores como Generación Celeste y Cristianos por Honduras.
Su conferencia en el Auditorio Vida Abundante fue presentada como un “llamado a defender la libertad”, pero en el fondo promovió una narrativa de confrontación cultural.
El discurso de Laje se basa en demonizar quienes no piensan como él, calificándolos como enemigos del orden moral, una lógica que erosiona el debate democrático y legitima la persecución ideológica.
Durante su visita a Honduras, Laje se reunió con dirigentes del Partido Nacional y del Partido Liberal.
Además, ofreció entrevistas en TSi / Hoy Mismo (30/30).
Bajo consignas de libertad y familia, Laje niega violencias probadas, ridiculiza las leyes de protección a mujeres y niñas, y redefine los derechos como privilegios “hembristas”. Esa retórica genera desconfianza hacia las víctimas y alimenta un ecosistema hostil hacia quienes denuncian.
Así, el lenguaje de la “batalla cultural” se vuelve un dispositivo de guerra simbólica: amigo/enemigo, verdad/engaño, varones oprimidos/mujeres manipuladoras.
Y ese marco, replicado sin filtros en Honduras por sectores políticos y mediáticos, abre la puerta a la violencia real.
El doble feminicidio atribuido a Laurta no es un hecho aislado. Es la materialización más extrema de un clima de odio cultivado en redes. Cuando ese relato se propaga sin responsabilidad, se convierte en combustible moral para quienes creen tener derecho a castigar.
En un país como Honduras, donde la violencia contra las mujeres sigue siendo alarmante, importar estas cruzadas ideológicas equivale a promover el desmantelamiento de los avances legales que costaron décadas.
El caso Laurta debería ser una advertencia: detrás de los discursos que prometen “libertad” o “defensa de la familia”, se gesta una pedagogía del desprecio, un terreno fértil donde el odio digital puede transformarse en crimen tangible.